Feb 2009
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¿Y en España? Las prácticas contables permisivas no están tan extendidas, pues la crisis bancaria de principios de los noventa ya condujo a un aumento de la supervisión bancaria. El problema de España es todo ese valor materializado en bienes inmuebles que ahora no encuentran comprador y que han dejado una honda estela de destrucción irreversible. Los precios de la vivienda que se hundieron en 1929 en los Estados Unidos no volvieron a recuperarse en términos reales hasta 30 años después y hay más de un economista que calcula caídas de un 30% de su valor para empezar a tocar fondo. Una situación parecida se ha dado en Japón, que cayó en la tentación de la especulación con bienes inmuebles y aún no ha podido superar las secuelas del crack de finales de los ochenta. A estas alturas del siglo XXI parece difícil seguir viviendo del ahorro externo para montar Estados del bienestar, pagar guerras basadas en mentiras o modernizarse a costa del vecino. Hay que volver a un mundo en el que se produzca antes de gastar, en el que el trabajo esté repartido de forma proporcional entre todos los países en función de su población. Revitalizar la sociedad del trabajo en España es realizar reformas profundas en su tejido productivo, elevar la masa de ocupaciones dispositivas (tareas cabeza) frente a las ocupaciones ejecutivas (tareas manos), dignificar el trabajo en las empresas (mejora de las condiciones de empleo, mejoras salariales) y revisar la división internacional del trabajo. Esto no va a ser posible sin una democratización de los procesos de toma de decisiones en las empresas, sin una modificación sustancial de la correlación de fuerzas entre capital y trabajo (democracia en la empresa). Si es el trabajo y no la renta financiera o inmobiliaria lo que vuelve a ser reconocido como la principal fuente de riqueza, esto tendrá, antes o después, dramáticas consecuencias teóricas, ideológicas y también políticas. No es sólo volver a Keynes, es también volver a Marx. Antes o después cambiará la distribución primaria (relación entre rentas del capital y rentas del trabajo) y la distribución secundaria (los impuestos generarán distribución de arriba a abajo y no de abajo a arriba: el gobierno de Gordon Brown en Gran Bretaña ya lo está haciendo y Obama tendrá que seguir sus pasos). El acercamiento entre clases medias instruidas y clases populares podrá fraguarse de nuevo y las mayorías políticas empezarán a cambiar. La racionalidad social y macroeconómica (idea de país, cultura de los espacios compartidos, primado del interés general frente al interés particular excluyente, economías “de toda la casa”) tenderá a imponerse frente a la racionalidad microeconómica (rentabilidad empresarial como patrón para construir una economía nacional, agentes atomizados que compiten entre sí hasta el infinito, individualismo posesivo etc.).
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Pero también hay que abordar la reestructuración sectorial de la economía española y esto no será posible si no se revisan las grandes políticas europeas. El sector inmobiliario y el del automóvil, por ejemplo, tienen que perder su apabullante dominio económico, la inversión tiene que canalizarse hacia otras actividades vinculadas a la reconversión energética, los transportes, a la reconversión social, hacia la investigación y el desarrollo y, en general, hacia el fomento de sectores con alta densidad de tareas manos. Más del 40% de todos los licenciados españoles realizan trabajos cuya complejidad está por debajo de sus conocimientos: hay millones y millones de células grises desaprovechadas en el país que lo único que hacen es frustrar a sus propietarios. Ahora, con la disculpa de Bolonia, se intenta reducir su número, bajar el nivel de las universidades españolas, pues enseñan demasiado a los ciudadanos, un “demasiado” que sale caro y no se vende en el mercado del cutrerío empresarial. Un gran programa de instalación y mantenimiento de sistemas energéticos descentralizados basados en la creación de energía fotovoltaica, por ejemplo, puede generar miles y miles de puestos de trabajo de un contenido dispositivo relativamente alto a lo largo de varias generaciones. Pero esto obligaría a reducir el poder de las grandes empresas eléctricas interesadas en sistemas energéticos centralizados. El sector del automóvil y todas las infraestructuras asociadas a él debería reorientarse hacia la fabricación de sistemas e infraestructuras de transporte colectivo (autobuses de diferentes tamaños, automóviles privados modulares que admiten usos colectivos, sustitución del petróleo por la alimentación eléctrica etc.). La sanidad, la educación y la protección social son grandes generadores de empleo cualificado que pueden destinarse a satisfacer muchas necesidades que aún no están cubiertas. Esto no reduciría sino elevaría la productividad social al tiempo que dignificaría las condiciones de vida de muchos ciudadanos. El sector público ha sido históricamente el gran generador de empleo cualificado en Europa y en España en particular, y de él se han beneficiado de forma más que proporcional las mujeres. No hay nada que apunte a un cambio en esta dinámica, al menos hasta que la transición política no pase por las empresas españolas. Por lo demás, es imposible que se generen puestos de trabajo orientados a alimentar los circuitos económicos locales y regionales si no se establecen mecanismos para equilibrar las balanzas comerciales en Europa y en el mundo. No puede ser que los alemanes, los franceses y los italianos lo piensen todo para el resto del continente. No puede ser que las capacidades dispositivas se sigan concentrando en unas zonas muy reducidas de Europa y que el resto del continente se limite a ejecutar planos, ideas y decisiones tomadas en tres o cuatro capitales. No puede ser que Europa siga siendo una sucesión de periferias productivas manuales alrededor de unos cuantos centros decisorios. Es imposible construir Europa de esta forma. El aumento de los gastos en I & D no va a venir de la mano de las empresas manos, pues éstas ganan mucho dinero vendiendo trabajo sin cualificar: no, no va a venir de la mano del mercado. La sociedad, a través de sus representantes, o de forma directa, tiene que empezar a participar en las grandes y pequeñas decisiones económicas y empresariales. El Estado y las administraciones locales tienen que asumir un papel central en la democratización de la economía a través de los consejos económicos y sociales en la elevación del contenido dispositivo del tejido laboral y en la reconversión sectorial que tiene que ir unido a ella. La sustitución del trabajo por la renta generará una redefinición radical de los flujos económicos en el mundo, en Europa y en España en particular. Esto abrirá un proceso de acumulación de fuerzas y recursos de poder para la izquierda. Con las alforjas llenas y asentadas, se podrá ir pensando en metas socialistas más ambiciosas. Intentar hacerlo antes de llenarlas es caer en un radicalismo verbal que no lleva a ninguna parte. Más bien al lugar contrario: a desacreditar la más que necesaria salida socialista a los problemas del mundo.
(Este artículo fue publicado en el número 253 de la revista El Viejo Topo).
*Armando Fernández Steinko es economista, profesor y colaborador habitual de El Viejo Topo
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