¿No era de izquierdas bajar los impuestos? (y II)

*ALBERTO MONTERO
03 jul 2009

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Porque, aunque no exista un vínculo directo entre una y otra decisión, lo que es indiscutible es que el gobierno decidió eliminar en su momento un impuesto directo como es el Impuesto sobre Patrimonio, con una recaudación esperada para el ejercicio 2008 estimada en 1.800 millones de euros, y ahora, ante la falta de recursos, en lugar de reintroducirlo ha optado por elevar dos impuestos especiales de carácter indirecto que supondrán, se espera, ingresos por valor de unos 1.100 millones de euros en el caso de los hidrocarburos y de unos 1.220 millones para el del tabaco.

De esa forma, al cambiar las figuras tributarias se ha conseguido que aunque la presión fiscal apenas se modifique en términos globales sí lo haga de forma significativa entre los distintos estratos de renta. Ahora afecta proporcionalmente más a quienes más gasto dedican a esos dos productos en relación con su renta puesto que tienen que pagar un porcentaje mayor de ella en forma de impuestos.

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Y es que mientras que los impuestos indirectos afectan a todos aquellos que consumen el bien o servicio gravado con independencia de cuál sea su nivel de renta, el Impuesto sobre el Patrimonio lo pagaban quienes alcanzaban un patrimonio de más de 150 mil euros al año. Además, con la ventaja de que era un impuesto que tenía una estructura muy progresiva ya que, por ejemplo, para el año 2004 (último ejercicio para el que hay datos) el 73% de la recaudación tenía como origen a tan sólo el 20,6% de los declarantes, que poseían un patrimonio individual superior a los 650 mil euros. Es más, el 61,3% de la recaudación la pagaron tan sólo el 6,6% de los declarantes (menos de 60 mil personas) que poseían un patrimonio superior a 1.150.000 euros.

Como hemos señalado, con la eliminación de ese impuesto se han dejado de recaudar en torno a 1.800 millones de euros que ahora hubieran sido muy necesarios. Por ello, no deja de resultar paradójico escuchar a la ministra Salgado afirmar que la subida de los impuestos sobre el tabaco y el alcohol se haya hecho porque se ha tenido “muy en cuenta la necesidad de aportar más fondos a la Ley de Dependencia” (para cuya entrada en vigor se aprobó una dotación inicial de 1.200 millones de euros) cuando, precisamente, esos mismos fondos ya estaban disponibles; bastaba con haber mantenido el Impuesto sobre el Patrimonio y, si se quería, haber aumentado también los otros. Ambas medidas no son incompatibles.

En cualquier caso, aunque al final los recursos se hayan conseguido, ese cambio en la estructura impositiva ha dado lugar a que los fondos no fueran aportados por quienes más riqueza acumulan en este país; los mismos que, además, han visto cómo se ha reducido la presión fiscal sobre ellos.

Si eso no es regresividad fiscal, que venga Solchaga o Solbes y nos lo explique.

…y dando poco con la izquierda

Pero, lo más grave es que todo ello contrasta marcadamente con el discurso que en términos de esfuerzo en gasto social realiza el gobierno reivindicándolo permanentemente como su seña de identidad en tanto que partido político que se define a sí mismo como de izquierdas.

Un discurso que se contradice con la realidad que nos muestran los datos en materia de gastos sociales. Así, como escribía hace unos días, creo que a este gobierno se le debe reprochar el limitado esfuerzo realizado durante los años de crecimiento económico que han precedido a esta crisis cuando no se aplicaron políticas fiscales de la suficiente potencia redistributiva como para alterar significativamente la distribución de la renta y la riqueza en este país y para acercarnos a los estándares de provisión de bienestar público de nuestros socios europeos más avanzados.

El hecho de fomentar una política fiscal que buscaba incrementar la renta disponible para los ciudadanos vía reducciones impositivas en detrimento de los ingresos públicos se encuentra, así, en la base de que, según los datos de Eurostat más recientes (para el año 2006), España dedicara 5.163 estándars de poder adquisitivo per cápita mientras que la media de la Unión Europea a 15 era de 7.278 estándars, por no hablar de los casi 9.100 que dedica Holanda, los casi 9.000 de Suecia o los 8.200 de nuestros vecinos galos.

Y es que no debemos ocultar que, durante estos años, el gasto en protección social en España, aunque ha crecido en términos absolutos, apenas lo ha hecho si se valora en términos de porcentaje del PIB. Así, en el año 2000 el porcentaje del gasto social en el PIB era del 20,3%; en 2004, cuando inicia su primer mandato Rodríguez Zapatero, ese porcentaje era del 20,7% y, dos años después, a pesar del intenso crecimiento del producto, el gasto social sólo se había incrementado hasta el 20,9%.

Si comparamos el porcentaje que, por término medio, dedican a gasto social como porcentaje del PIB los países de la UE-15 durante esos mismos años de referencia, nos encontramos con el sorprendente dato de que, mientras que en el año 2000 la diferencia era de 6,5 puntos (el porcentaje medio en la UE-15 era de 26,8%), en el año 2006 esa diferencia era de 6,6 puntos (con un porcentaje medio de 27,5%), esto es, una décima más.

Estamos, por tanto, un poquito más lejos aún de Europa que hace unos años.

Para no llamarse a engaños

A estas alturas creo que las conclusiones son claras.

Por un lado, nos encontramos con que el gobierno no está haciendo más esfuerzos –de hecho, está haciendo menos- en términos de política social que el resto de nuestros vecinos con lo cual seguimos manteniendo un diferencial en términos de bienestar social que sigue sin acortarse a pesar del extenso periodo de crecimiento económico experimentado en España.

Y, por otro lado, tenemos que la política fiscal española se está haciendo cada vez más regresiva, redistribuyendo la carga impositiva entre todos los ciudadanos sin atender a su renta y, consecuentemente, a su capacidad de pago sino ciñéndola cada vez más a la realización de actividades de consumo generalizado y que afectan más, proporcionalmente en términos de lo que esos impuestos suponen sobre su renta, a quienes menos renta poseen.

La resultante final es que la carga fiscal adicional que suponen todas las ayudas públicas a la crisis que estamos padeciendo la sufragan, a su vez y de manera proporcionalmente mayor, los mismos que la están padeciendo y no aquellos que más se beneficiaron del ciclo especulativo que acaba de estallar. Y a eso lo llaman ser de izquierdas.

*Alberto Montero es profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga