03 jul 2009
Si el mes pasado la noticia económica que acaparó el debate político fue la necesidad de transformar el modelo económico de este país, tal y como declaró el presidente del Gobierno en el debate sobre el Estado de la Nación, este mes el foco de atención ha estado centrado en el tema impositivo.
La decisión del Gobierno de aumentar los impuestos especiales sobre la gasolina y el tabaco constituye la avanzadilla de más cambios en la política fiscal. Unos cambios que trataron de continuarse por la vía de ese penoso intento fallido de elevación del tipo impositivo para las rentas más altas en el IRPF y que, para evitar toda duda, ya ha anunciado la ministra de Economía y Hacienda que se producirán tras el verano, cuando se revisará toda la política impositiva.
La subida de los impuestos especiales constituye, por tanto, la primera piedra de toque de en un cambio en la política fiscal y ha tratado de venderse de diversas formas: desde que buscaba igualar los tipos impositivos sobre esos productos a la media europea; a que estaba orientada a desincentivar el consumo de productos nocivos y que, por lo tanto, su finalidad era preservar la salud de los ciudadanos; o a que era una forma de contribuir a una economía más sostenible (aunque, si esa fuera la razón, no estaría mal un poco de coherencia: no se puede estar argumentando que se eleva el impuesto sobre los combustibles para hacer que la economía sea más sostenible y, con la otra mano, subvencionar la adquisición de los vehículos cuyos motores consumen ese combustible).
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En cualquier caso, lo que no se ha planteado abiertamente es que las subidas pudieran tener simplemente finalidad recaudatoria, es decir, que estuvieran orientadas a tratar de aumentar los ingresos fiscales para hacer frente al tremendo incremento del gasto público con el que el Gobierno está tratando de hacer frente a la crisis. Eso, como cualquiera puede suponer, hubiera sido políticamente incorrecto en unos tiempos en los que se ha instalado en la conciencia colectiva que cualquier tipo de desviación de la renta personal hacia las arcas estatales con finalidad redistribuidora debe ser considerada como un sacrilegio.
Sin embargo, esta crisis está acabando por poner las cosas en su sitio y enfrentar a cada palo con la vela que aguantaba.
De entrada, alguien debería explicarnos por qué si hasta hace nada “bajar impuestos era de izquierdas”, como proclamó en su momento Rodríguez Zapatero, ahora la política de izquierdas es sólo mantener el gasto social. Que no digo que ésta no lo sea; pero sí digo que aquélla no lo es.
Y no lo es porque mantener una política social potente, redistribuidora de recursos, que promueva la igualdad de oportunidades y permita reducir a su mínima expresión las múltiples formas de exclusión social existentes en nuestra sociedad, también requiere, necesariamente, de una política impositiva potente de carácter progresivo.
Así, cuando el PSOE promovía su política de reducción de impuestos estaba rechazando, implícitamente, la posibilidad de reducir el diferencial de gasto social en porcentaje del PIB que nos distancia aún abrumadoramente de Europa y estaba apostando, en su defecto, porque fuera la distribución primaria de la renta generada en los mercados la que se convirtiera en la principal fuente de bienestar para aquéllos que, lógicamente, pudieran participar en los mismos.
Por decirlo más claramente, estaba apostando básicamente por una retirada del Estado de una de sus tareas fundamentales: la redistribución de la renta con fines de mayor igualdad y justicia social. Objetivo básico de cualquier partido socialdemócrata contemporáneo que no haya incurrido en la tentación de asumir como propios algunos de los principios neoliberales dominantes durante estas últimas décadas que acabaron por fraguar el pensamiento único que nos circunda, tan útil para políticos sin pensamiento propio.
Si ahora Zapatero fuera consecuente con aquella simpleza que se permitió proclamar cuando aspiraba a la presidencia del Gobierno, lo que debería estar haciendo es reducir los impuestos, como desearían tanto la oposición como la patronal. Y si no lo hace es porque se acaba de dar cuenta que para aplicar políticas sociales progresistas necesita también de mayores ingresos fiscales.
El círculo cuadraría si ahora entendiera que las políticas impositivas tendrían que ser también de izquierdas y no de derechas como las que ha venido aplicando en los últimos años.
Quitando con la derecha…
En efecto, el perfil que ha adoptado la política fiscal en su vertiente impositiva durante estas dos últimas legislaturas ha acentuado la naturaleza regresiva que ya le imprimió el Partido Popular durante las dos anteriores.
De esa forma, el PSOE lleva tiempo incurriendo en el despropósito de promover políticas sociales progresistas que necesitan de recursos públicos manteniendo, al mismo tiempo, políticas impositivas francamente regresivas y que no hacen sino mermar la disponibilidad de dichos recursos.
Y es que no se pueden hacer políticas de izquierdas por la vía del gasto e intentar financiarlas con políticas de derechas por la vía de los impuestos porque cuando la crisis aparece, como es el caso, las contradicciones acaban por manifestarse y mostrar las vergüenzas de una política fiscal sin ninguna vocación redistribuidora y diseñada exclusivamente para tiempos de bonanza económica.
Son múltiples los ejemplos de este despropósito en materia fiscal. Baste recordar, por ejemplo, la reforma del IRPF de 2006 cuando bajó el tipo máximo para las rentas más altas del 45 al 43%; o la deducción de los 400 euros del IRPF para todos los contribuyentes con independencia de su nivel de renta; o, sobre todo, cómo se redujo claramente la presión fiscal para las rentas más altas con la eliminación del Impuesto sobre el Patrimonio en 2008.
Precisamente, esta última medida fue una de las más polémicas y regresivas de las que ha aplicado el gobierno socialista en materia fiscal. Tanto más cuanto quienes estaban obligados a tributar por ese impuesto han dejado de hacerlo en este año 2009, cuando tan necesitado de recursos se haya el gobierno y cuando para allegarlos ha sustituido ese impuesto directo por la subida de la imposición indirecta sobre el tabaco y la gasolina.
SIGUIENTE ARTÍCULO: ¿No era de izquierdas baja los impuestos? (y II)
*Alberto Montero es profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga
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